Por Alfredo Oropeza

Diversas asociaciones de colonos, representantes vecinales y vecinos de Naucalpan, inconformes ante la actitud altiva, soberbia y prepotente del gobierno municipal y la indiferencia de la presidenta municipal, Patricia Durán, han convocado a los residentes del municipio a NO PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL del presente año 2021.

Lo anterior, motivado por la aprobación de la modificación del Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan, en el cual, se violó todo protocolo y ejercicio de consulta efectiva a la ciudadanía; así como la atención al derecho de dar respuesta oportuna a las opiniones de los vecinos, que se manifestaron en contra de dicho Plan, para realizar las correcciones debidas al mismo.

En el mismo sentido, versa la inconformidad de que se haya aprobado el PDU sin existir previamente o hacer público el Dictamen de Congruencia requerido, por parte del Gobierno del Estado de México.

Pero el principal reclamo, es el oportunismo de simular un ejercicio al vapor e incipiente de “consulta a modo”, en el que se limitó la información, la participación y la difusión del proyecto, aprovechándose del período de contingencia, por la pandemia de Covid-19; donde, las “audiencias públicas” fueron estériles de concurrencia, debido a la limitación del número de personas a participar, con horarios premeditadamente limitados para acudir y conocer de las propuestas de modificación al Plan de Desarrollo Urbano.

Ya de entrada, el Plan es una aberración al proponer: la urbanización y sobre densificación de 1,200 hectáreas de reserva territorial de conservación ecológica, del municipio; la proyección de construcción de hasta 70 mil nuevas viviendas y su incorporación al casco urbano, entre estas, edificios departamentales de hasta 24 pisos y condominios de hasta 400 viviendas; el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social o “palomares” tipo Infonavit; la homologación de usos de suelos mixtos en toda el área urbana existente, en el que pueden convivir zonas comerciales y de servicios, en lo que antes era exclusivamente zona residencial o habitacional; el aumento de densidad de las futuras construcciones en las zonas habitacionales, para la edificación de inmuebles de más de tres pisos de altura; la facultad de imponer un nuevo impuesto o expropiar los predios particulares considerados como “baldíos”, por su subutilización; entre otros proyectos que empujan a un sospechoso “Boom Inmobiliario” en Naucalpan.

Lo peor, es que el Plan carece de proyectos viables y realizables de amortiguamiento, al impacto que ocasionará el incremento de la mancha urbana del municipio, como: proyectos de movilidad, para la creación de nuevas alternativas de transporte público, adecuaciones viales y nuevas vialidades; la dotación de servicios públicos que exigirán los nuevos desarrollos inmobiliarios; la solución a las nuevas descargas de aguas negras que generarán las nuevas zonas urbanas; y, lo principal, la solución al ya deficiente y costoso suministro o abastecimiento de agua, que actualmente se da por tandeo y racionamiento, en la mayoría de las comunidades.

Por lo anterior, “¡No al pago del predio 2021!” es la consigna de los vecinos y sus representaciones, en el municipio; en el que se invita a que, “de manera solidaria y voluntaria, no se realice el pago de esta contribución”, en protesta a la aprobación de la modificación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Naucalpan.

Esta medida de protesta ciudadana es totalmente válida, ya que los ciudadanos no están obligados a pagar dicho impuesto, estrictamente los primeros meses del año fiscal, pues pueden realizar dicho pago hasta el 31 de diciembre de 2021 y conservar sus beneficios de descuentos, en el caso de viudas y adultos mayores.

Aún más, en caso de ser un acto masivo y representativo, se puede comprometer a la autoridad a realizar el no cobro de cargos y comisiones, como suele suceder en las promociones de regularización de pago, en los últimos meses del año.

El ejemplo lo impuso el presidente López Obrador, cuando en 1995 encabezó la resistencia civil en su estado natal, Tabasco, para que sus paisanos dejaran de pagar los recibos de luz eléctrica, en protesta a los altos costos de la CFE. El resultado fue que cerca de 400 mil tabasqueños dejaron de pagar el consumo de Luz y el 67% de la población del estado no pagó luz ¡durante 25 años!.

Al final, una vez en el poder, el presidente instruyo al director de la Comisión Federal de Electricidad a condonar a el adeudo millonario de los tabasqueños, que durante más de dos décadas gozaron de energía eléctrica gratuita, deuda que representó 11 mil millones de pesos.